La mediación judicial entre el Gobierno, la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional terminó sin acuerdo. Los sindicatos denuncian una deuda salarial del 34% y convocaron a un paro nacional universitario para el 27 y 28 de agosto. También reclaman fondos para funcionamiento, becas y hospitales universitarios.
El conflicto universitario vuelve a escalar. La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reiteraron ante la Justicia su reclamo para que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y actualice los recursos destinados a salarios, funcionamiento, ciencia, tecnología, becas y hospitales universitarios.
La audiencia judicial entre las partes terminó sin acuerdo y el conflicto ingresó en una nueva etapa: las federaciones sindicales anunciaron un paro nacional universitario de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto.
La medida se produce mientras continúa pendiente la aplicación de la cautelar avalada por la Corte Suprema, que obliga al Ejecutivo a girar los recursos previstos por la norma y cubrir la diferencia salarial acumulada por docentes y nodocentes desde 2024.
La audiencia entre las universidades y el Gobierno terminó sin acuerdo
La audiencia fue convocada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el marco de la causa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La UBA y el CIN reclamaron la actualización de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento, ciencia y tecnología y pusieron especial énfasis en la situación de los hospitales universitarios.
En representación de la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti advirtió sobre la “grave situación presupuestaria” que atraviesan esos centros de salud y solicitó que se asignen los créditos contemplados en el Presupuesto 2026.
La advertencia no es nueva. La UBA ya había señalado que sus centros médicos podían llegar a una situación de “parálisis total” si no recibían los fondos necesarios para sostener su funcionamiento.
El CIN respaldó el reclamo y pidió acelerar tanto la resolución definitiva de la causa como la aplicación de la medida cautelar vigente.
La cautelar sigue sin aplicarse
Uno de los puntos centrales del conflicto es que la Corte Suprema avaló una medida cautelar que obliga al Gobierno a girar los recursos previstos por la ley y compensar la pérdida salarial sufrida por docentes y nodocentes universitarios desde 2024.
Sin embargo, las universidades y los sindicatos sostienen que esa decisión todavía no fue cumplida.
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, fueron además denunciados penalmente por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con el conflicto.
Por el Gobierno participaron de la audiencia el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador Julio Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Los funcionarios señalaron que analizarán los reclamos presentados y recordaron que existe una reunión paritaria convocada para el 1 de septiembre. Al mismo tiempo, el Ejecutivo volvió a solicitar que se deje sin efecto la medida cautelar vigente.
Los docentes denuncian una deuda salarial del 34%
El deterioro salarial es otro de los principales componentes del conflicto.
Leticia Medina, secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), aseguró que el Gobierno mantiene una deuda de recomposición salarial del 34% con los trabajadores universitarios.
Según la dirigente sindical, los docentes esperan que en la reunión paritaria del 1 de septiembre el Ejecutivo presente una propuesta superior al 30%.
Pero hasta el momento, aseguró, no existen señales de que esa recomposición vaya a concretarse.
La situación se suma a las medidas de fuerza que los gremios universitarios ya realizaron durante agosto en reclamo de salarios y del cumplimiento efectivo de la ley.
Becas congeladas en $35.000
El conflicto también alcanza directamente a los estudiantes.
Los gremios denuncian que las becas universitarias permanecen congeladas en $35.000, mientras las casas de estudio reclaman mayores recursos para afrontar los gastos de funcionamiento.
La disputa presupuestaria, por lo tanto, no se limita a los salarios de docentes y nodocentes. También involucra el sostenimiento de la investigación científica, las becas estudiantiles, los hospitales universitarios y el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales.
Paro universitario el 27 y 28 de agosto
Ante la falta de avances, las federaciones docentes y nodocentes resolvieron profundizar el plan de lucha con un paro nacional de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto.
La medida alcanzará a las universidades nacionales y estará acompañada por distintas actividades de protesta y visibilización del conflicto.
Entre las organizaciones que vienen participando del reclamo se encuentran CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, CEA, UDA, FAGDUT y FATUN, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional y representantes estudiantiles.
También se prepara una movilización nacional como parte de la continuidad del plan de lucha.
Los hospitales universitarios, en una situación crítica
Uno de los aspectos más sensibles del reclamo es el financiamiento de los hospitales dependientes de las universidades públicas.
Las autoridades académicas sostienen que la falta de recursos amenaza el normal funcionamiento de instituciones que, además de formar profesionales y realizar investigación, brindan atención sanitaria.
El CIN reclamó una respuesta urgente para todas las universidades públicas que cuentan con centros hospitalarios.
La advertencia de una posible paralización agrega una dimensión sanitaria al conflicto presupuestario universitario.
El Gobierno cuestiona la ley
La administración de Javier Milei sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario contradice la Ley de Responsabilidad Fiscal y cuestiona la disponibilidad de recursos para afrontar los pagos reclamados.
El Congreso había rechazado el veto presidencial contra la norma y el Gobierno intentó posteriormente dejarla sin efecto, sin éxito.
La disputa, por lo tanto, dejó de ser exclusivamente presupuestaria: las universidades y los sindicatos plantean que existe una ley vigente y una decisión judicial que deben ser cumplidas, mientras el Ejecutivo mantiene sus objeciones fiscales.
Una nueva semana clave para las universidades públicas
El paro del 27 y 28 de agosto marcará un nuevo capítulo de un conflicto que lleva meses y que combina reclamos salariales, presupuestarios, judiciales y educativos.
Después de la medida de fuerza, todas las miradas estarán puestas en la reunión paritaria del 1 de septiembre, donde los gremios esperan una propuesta concreta de recomposición salarial.
Mientras tanto, la causa continuará en la Justicia y las universidades seguirán reclamando la ejecución de la cautelar.
Sin acuerdo judicial, con una recomposición salarial reclamada del 34%, becas congeladas, hospitales que advierten sobre una situación presupuestaria crítica y un nuevo paro nacional, el financiamiento de las universidades públicas vuelve a instalarse en el centro del conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y la comunidad universitaria.
